En el virreinato del Perú y particularmente en la Audiencia de Charcas (espacio económico en torno a Potosí), este periodo estuvo marcado por una fuerte crisis demográfica, una constante disminución del volumen de la producción de plata, una seria crisis fiscal vinculada a la incapacidad de las autoridades coloniales de controlar la situación o imponer nuevas reformas. Relacionadas entre sí, estas tres crisis afectaron de distinto modo a las diferentes regiones y a los diferentes actores sociales y económicos de las 16 provincias sujetas a la mita de Potosí (la mayoría de las cuales estaban ubicadas en los distritos de La Paz y Charcas, hoy en territorio boliviano).

La población indígena disminuyó constantemente – aunque de manera desigual según la región– a lo largo del siglo XVII y principios del siglo XVIII y es recién a partir de los 1730s que la curva demográfica volvió a remontar. A pesar de muchos reclamos e intentos, los pocos censos que se hicieron fueron parciales y poco confiables. Es recién en los 1680s que el virrey de turno, duque de La Palata, logró hacer un censo de una magnitud comparable al que se realizó durante la visita general del Virrey Toledo en los 1570s. Comparando ambos censos, se estima que en esos 110 años la población indígena, en provincias cercanas a Potosí, disminuyó en 42%.²

Esta caída demográfica no solo se debió a epidemias y enfermedades sino también a la masiva emigración de tributarios que escaparon de las reducciones para evitar la presión del tributo y de la mita potosina’. Este efecto inesperado del programa de Reducciones Toledanas está vinculado con el principio de residencia impuesto por los españoles y utilizado en la definición de categorías tributarias. Según este principio, la categoría tributaria de ‘originario’ corresponde a los hombres hábiles residentes del pueblo de reducción en el que tienen acceso a la tierra. Al huir de ese pueblo, abandonar su residencia fija, se convertían en ‘forasteros’ y dejaban de tener obligaciones tributarias, pero también perdían el derecho de acceso a tierras. Es así como los tributarios escapaban a otros pueblos indígenas, a las ciudades, a las minas para trabajar por salario o las haciendas agrícolas para trabajar como arrenderos o jornaleros. La huida de estos “originarios” afectó a la recaudación tributaria y a la disponibilidad de mano de obra mitaya en las minas de Potosí.

En efecto, la decadencia de la minería se debió no sólo a la reducción de la ley de los minerales extraídos sino también a la escasez de mano de obra mitaya. En su punto de máximo auge, 1590s, Potosí llegó a producir 800,000 marcos de plata, luego empezó a decaer produciendo solo 600,000 en los 1630s, 400,000 en los 1660s y menos de 200,000 en su punto más bajo en los 1740s.³ Si bien hubo una recuperación hacia fines del siglo XVIII, la producción de plata en Potosí nunca volvió a alcanzar el volumen de los 1590s.

A lo largo del siglo XVII, los españoles propietarios de minas hicieron varios reclamos pidiendo la intervención del estado colonial para obligar a las comunidades indígenas a cumplir con su cuota de mitayos (o pagar en dinero lo que costaría reemplazarlos por asalariados), hacer nuevos censos para ajustar tributo y mita y/o hacer de los forasteros una categoría de tributarios /mitayos. Cuando por fin en los 1680s se hizo un censo general en el que se registraron a los ‘forasteros’, se encontró que en las 16 provincias sujetas a la mita éstos representaban el 48.5% de los indígenas en edad de tributar. ⁴ El virrey de La Palata decretó entonces incluir a los forasteros como tributarios. Sin embargo, ni él ni sus sucesores inmediatos lograron imponer estas medidas. Las críticas al censo de La Palata fueron muchas, los debates en torno a la mita y el tributo, muy controversiales y las autoridades virreinales incapaces de dirimir entre los intereses contrapuestos de los diferentes actores económicos. Los españoles dueños de minas apoyaban la inclusión de forasteros en el tributo y la mita, pero los dueños de haciendas se oponían porque los forasteros eran la mano de obra captiva de la cual se beneficiaban: mineros y hacendados competían por la fuerza de trabajo indígena. Aún si las autoridades españolas hubieran querido tomar posición en este conflicto, el problema de fondo era estructural: el estado colonial había perdido su capacidad de recomponer el modelo de expropiación toledano o imponer uno nuevo. ⁵

En el complejo escenario de este periodo no hubo nuevas legislaciones tributarias: las legislaciones toledanas siguieron vigentes en el papel, pero las autoridades coloniales no supieron mantener los delicados equilibrios que las Reformas Toledanas requerían para captar excedente y fuerza laboral indígena de manera sostenible ni controlar las fuerzas del mercado que éstas mismas reformas desataron. Tampoco supieron responder a las diferentes formas en que los indígenas resistieron al impacto de la presión tributaria ni frenar los abusos que, en muchos lugares, cometían las autoridades locales encargadas de recaudar el tributo.

En el marco de las reformas toledanas, cada “pueblo Real de Indios’ (reducción) poseía tierras colectivamente para su sustento y producción de excedente. Las tierras, en teoría, no debían ser vendidas. Los residentes originarios de ese pueblo, como miembros de ese común de indios (común y comunidad son los términos utilizados en los documentos coloniales de la época) tenían acceso a esas tierras y por eso debían cumplir con el tributo y la mita. Aunque el monto del tributo y el número de mitayos se calculaba en base al número de individuos (hombres hábiles), el pago del tributo y cumplimiento de la mita eran responsabilidad de la comunidad en su conjunto. Puesto que el monto se fijaba durante los censos, solo podía ser modificado con un nuevo censo (visita general o revisita como se llamaban en la época). Esto no ocurrió sino hasta los 1680s, como mencionamos anteriormente, y tampoco sirvió de mucho porque las modificaciones de La Palata no fueron implementadas. Por lo tanto, el monto oficial a lo largo de este periodo fue el fijado en los 1570s durante la visita general del virrey Toledo. Es decir, a lo largo de este periodo, cada comunidad indígena era responsable, a través de su autoridad, el kuraka, de cubrir el monto de tributo y cuota de mita correspondientes al número de tributarios registrados en esa comunidad en los 1570s.

No es difícil imaginar el impacto que tuvo la crisis demográfica sobre esas comunidades: la presión tributaria y mitaya se hizo cada vez más insostenible y las dificultades para cubrir montos y cuotas fueron cada vez mayores. Ante la inercia del estado colonial, las comunidades indígenas, y las autoridades locales directamente encargadas de recaudar el tributo, generaron sus propias estrategias para lidiar con la situación. No todos los tributarios originarios que huyeron convirtiéndose en forasteros rompieron vínculos con sus comunidades ni se desentendieron de sus obligaciones tributarias. Perseguidos y presionados por sus kurakas o de motu proprio enviaban el monto correspondiente a su parte del tributo y a lo que ganaría por servir en la mita potosina; este monto lo conseguían vendiendo su fuerza de trabajo en el mercado. En otros casos fueron los hacendados los que, presionados por los corregidores, aceptaban pagar el monto correspondiente a los forasteros que trabajaban en sus haciendas, generando así el peonaje por deuda.

Muchos kurakas desarrollaron también otras estrategias para reunir el dinero que les permitiera cumplir con las obligaciones tributarias y mitayas: venta y arriendo de tierras del común, venta y arriendo de animales, incremento de la cuota los tributarios que aún estaban en la comunidad, venta de los productos agrícolas (producidos por los comunarios) en los mercados, etc. Demás está decir que estas estrategias no solo implicaron una mayor integración al mercado, sino que también abrieron las puertas a todo tipo de abusos y corrupciones. Por lo general, en este periodo y a pesar de los esfuerzos, los montos del tributo recaudado y el número de mitayos en Potosí fueron siempre inferiores a los que se fijaron en la época de Toledo.

En resumen, las diversas formas en las que las comunidades indígenas enfrentaron la presión del tributo y la mita generaron una gran diversidad de situaciones según la región y el contexto, pero implicaron también una mayor integración y dependencia del mercado. En muchas áreas del Altiplano las comunidades indígenas (reconstituidas en ayllus a partir de las Reducciones Toledanas) lograron mantener una cohesión interna y consolidarse articulando una economía étnica (interna) y una participación (externa) en la economía de mercado. Por lo general, sin embargo, la creciente integración de los indígenas al mercado y la consolidación del mercado interno en el espacio económico sur Andino generaron procesos de diferenciación socioeconómica al interior de las comunidades, entre indígenas con tierras e indígenas sin tierras, y fragmentación o desintegración de comunidades indígenas. Las Reformas Borbónicas de los 1740s tratarían de rectificar la situación con nuevos reajustes tributarios, que incluiría a los forasteros tributo indígena ampliado.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

Andrien, Kenneth. Crisis y Decadencia: El Virreinato del Perú en el Siglo XVII. Lima, Perú: Banco Central de Reserva del Perú, 2011.

Klein, Herbert. “Fiscalidad Real y Gastos de Gobierno.” Documento de Trabajo del IEP no. 66 (1994): 39.

Larson, Brooke. Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia: Cochabamba 1550-1990. La Paz, Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2017.

Sánchez Albornoz, Nicolás. Indios y Tributos en el Alto Perú. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 1978.

No vice-reino do Peru, e particularmente na Audiência de Charcas (espaço econômico em torno de Potosí), esse período esteve marcado por uma forte crise demográfica, uma constante diminuição do volume da produção de prata e uma séria crise fiscal vinculada à incapacidade das autoridades coloniais de controlar a situação ou impor novas reformas. Relacionadas entre si, essas três crises afetaram de modo distinto as diferentes regiões e os diferentes atores sociais e econômicos das 16 províncias sujeitas à mita de Potosí (a maioria das quais estava localizada nos distritos de La Paz e Charcas, hoje em território boliviano).

A população indígena diminuiu constantemente — embora de maneira desigual, conforme a região — ao longo do século XVII e início do século XVIII, e é somente a partir dos anos 1730 que a curva demográfica voltou a crescer. Apesar de muitas reclamações e tentativas, os poucos censos que se fizeram foram parciais e pouco confiáveis. É somente nos anos 1680 que o vice-rei em exercício, duque de La Palata, conseguiu fazer um censo de uma magnitude comparável ao que se realizou durante a visita geral do Vice-rei Toledo nos anos 1570. Comparando ambos os censos, estima-se que nesses 110 anos a população indígena, em províncias próximas a Potosí, diminuiu em 42%.²

Essa queda demográfica não se deveu apenas a epidemias e doenças, mas também à emigração massiva de tributários que escaparam das reduções para evitar a pressão do tributo e da mita potosina. Esse efeito inesperado do programa de Reduções Toledanas está vinculado ao princípio de residência imposto pelos espanhóis e utilizado na definição de categorias tributárias. Segundo esse princípio, a categoria tributária de ‘originário’ corresponde aos homens hábeis residentes do povoado de redução no qual têm acesso à terra. Ao fugir desse povoado, abandonar sua residência fixa, se convertiam em ‘forasteiros’ e deixavam de ter obrigações tributárias, mas também perdiam o direito de acesso a terras. É assim que os tributários escapavam para outros povoados indígenas, para as cidades, para as minas, para trabalhar por salário, ou para as haciendas agrícolas, para trabalhar como arrendatários ou diaristas. A fuga desses ‘originários’ afetou a arrecadação tributária e a disponibilidade de mão de obra mitaya nas minas de Potosí.

De fato, a decadência da mineração se deve não só à redução da qualidade dos minerais extraídos, mas também à escassez de mão de obra mitaya. Em seu auge, anos 1590, Potosí chegou a produzir 800.000 marcos de prata, e depois começou a decair, produzindo apenas 600.000 nos anos 1630, 400.000 nos anos 1660 e menos de 200.000 no seu ponto mais baixo, nos anos 1740.³ Embora tenha havido uma recuperação no final do século XVIII, a produção de prata em Potosí nunca voltou a alcançar o volume dos anos 1590.

Ao longo do século XVII, os espanhóis proprietários de minas fizeram várias reclamações pedindo a intervenção do Estado colonial para obrigar as comunidades indígenas a cumprirem com sua cota de mitayos (ou pagarem em dinheiro o que custaria substituí-los por assalariados), realizar novos censos para ajustar o tributo e a mita, e/ou converter os forasteiros em uma categoria de tributários/mitayos. Quando finalmente nos anos 1680 se fez um censo geral no qual se registraram os ‘forasteiros’, constatou-se que, nas 16 províncias sujeitas à mita, estes representavam 48,5% dos indígenas em idade de tributar.⁴ O vice-rei de La Palata então fez um decreto para incluir os forasteiros como tributários. No entanto, nem ele nem seus sucessores imediatos conseguiram impor essas medidas. As críticas ao censo de La Palata foram muitas, os debates em torno da mita e do tributo, muito controversos, e as autoridades vice-reinais, incapazes de mediar entre os interesses contrapostos dos diferentes atores econômicos. Os espanhóis donos de minas apoiavam a inclusão de forasteiros no tributo e na mita, mas os donos de haciendas se opunham porque os forasteiros eram a mão de obra cativa da qual se beneficiavam: mineiros e fazendeiros competiam pela força de trabalho indígena. Ainda que as autoridades espanholas quisessem tomar posição nesse conflito, o problema de fundo era estrutural: o Estado colonial havia perdido sua capacidade de recompor o modelo de expropriação toledano ou impor um novo.⁵

No complexo cenário deste período não houve novas legislações tributárias: as legislações toledanas seguiram vigentes no papel, mas as autoridades coloniais não souberam manter o delicado equilíbrio que as Reformas Toledanas requeriam para captar excedentes e força de trabalho indígena de maneira sustentável, nem controlar as forças do mercado que essas mesmas reformas desencadearam. Tampouco souberam responder às diferentes formas de resistência indígena ao impacto da pressão tributária, nem frear os abusos que, em muitos lugares, cometiam as autoridades locais encarregadas de arrecadar o tributo.

No marco das reformas toledanas, cada ‘Pueblo Real de Indios’ (redução) possuía terras coletivas para seu sustento e produção de excedente. As terras, em teoria, não deveriam ser vendidas. Os residentes originários desse povoado, como membros dessa comunidade indígena (comum e comunidade são os termos utilizados nos documentos coloniais da época) tinham acesso a essas terras e por isso deviam cumprir com o tributo e a mita. Embora o montante do tributo e o número de mitayos se calculasse com base no número de indivíduos (homens hábeis), o pagamento do tributo e cumprimento da mita eram responsabilidade da comunidade em seu conjunto. Visto que o montante se fixava durante os censos, só podia ser modificado com um novo censo (visita geral, ou revisita, como se chamavam na época). Isso não ocorreu até os anos 1680, como mencionamos anteriormente, e tampouco serviu o bastante, porque as modificações de La Palata não foram implementadas. Portanto, o montante oficial ao longo desse período foi o fixado nos anos 1570 durante a visita geral do vice-rei Toledo. Ou seja, ao longo deste período, cada comunidade indígena era responsável, através de sua autoridade, o kuraka, de cobrir o montante do tributo e da cota de mita correspondentes ao número de tributários registrados nessa comunidade nos anos 1570.

Não é difícil imaginar o impacto que teve a crise demográfica sobre essas comunidades: a pressão tributária e a mitaya se fez cada vez mais insustentável, e as dificuldades para cobrir montantes e cotas foram cada vez maiores. Diante da inércia do Estado colonial, as comunidades indígenas e as autoridades locais diretamente encarregadas de arrecadar o tributo geraram suas próprias estratégias para lidar com a situação. Nem todos os tributários originários que fugiram (convertendo-se em forasteiros) romperam vínculos com suas comunidades ou se desligaram de suas obrigações tributárias. Perseguidos e pressionados por seus kurakas ou de motu proprio enviavam o montante correspondente à sua parte do tributo e ao que ganhariam por servir na mita potosina; esse montante era obtido vendendo sua força de trabalho no mercado. Em outros casos, foram os fazendeiros os que, pressionados pelos corregedores, aceitavam pagar o montante correspondente aos forasteiros que trabalhavam em suas haciendas, gerando assim a peonagem por dívida.

Muitos kurakas desenvolveram também outras estratégias para reunir o dinheiro que lhes permitisse cumprir com as obrigações tributárias e da mita: venda e arrendamento de terras comunais, venda e arrendamento de animais, aumento da cota dos tributários que ainda estavam na comunidade, venda dos produtos agrícolas (produzidos pelos comuneiros) nos mercados etc. Nem é preciso dizer que essas estratégias não só implicaram uma maior integração ao mercado, como também abriram as portas para todo tipo de abusos e corrupções. Em geral, nesse período, e apesar de todos os esforços, os montantes do tributo arrecadado e o número de mitayos em Potosí foram sempre inferiores aos que se fixaram na época de Toledo.

Em resumo, as diversas formas pelas quais as comunidades indígenas enfrentaram a pressão do tributo e da mita geraram uma grande diversidade de situações conforme a região e o contexto, mas implicaram também uma maior integração e dependência do mercado. Em muitas áreas do Altiplano, as comunidades indígenas (reconstituídas em ayllus a partir das Reduções Toledanas) conseguiram manter uma coesão interna e se consolidar articulando uma economia étnica (interna) e uma participação (externa) na economia de mercado. Em geral, contudo, a crescente integração dos indígenas ao mercado e a consolidação do mercado interno no espaço econômico sul-andino geraram processos de diferenciação socioeconômica no interior das comunidades, entre indígenas com terras e indígenas sem terras, e fragmentação ou desintegração de comunidades indígenas. As Reformas Bourbônicas dos anos 1740 tratariam de retificar a situação com novos reajustes tributários, que incluiriam os forasteiros no tributo indígena ampliado.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA:

Andrien, Kenneth. Crisis y Decadencia: El Virreinato del Perú en el Siglo XVII. Lima, Perú: Banco Central de Reserva del Perú, 2011.

Klein, Herbert. “Fiscalidad Real y Gastos de Gobierno.” Documento de Trabajo del IEP no. 66 (1994): 39.

Larson, Brooke. Colonialismo y Transformación Agraria en Bolivia: Cochabamba 1550-1990. La Paz, Bolivia: Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia, 2017.

Sánchez Albornoz, Nicolás. Indios y Tributos en el Alto Perú. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos, 1978.

Central de Reserva del Perú, 2011).

39.