Pueblos indígenas del Gran Chaco

De acuerdo con los especialistas² que contaron por primera vez la historia de esta lucha para un público más amplio, las reuniones para discutir la cuestión de la (re) posesión de tierras entre los Pueblos Indígenas de la región comenzaron a mediados de los años 60, pero fue recién después del regreso de la democracia a Argentina que, en 1984, varios grupos se unieron para formar lo que en 1991 sería reconocido por el estado bajo la figura de la organización civil. En ese momento, se trataba de diversos grupos indígenas, descendientes de grupos nómadas y seminómadas cazadores-recolectores. En la actualidad, estos grupos viven en asentamientos permanentes, pero han mantenido numerosas prácticas de su tradición cazadora-recolectora y pesquera, entre muchos otros lazos materiales, simbólicos y espirituales con sus ancestros y los miembros de sus comunidades, con quienes habitan una gran parte de lo que hoy es la provincia de Salta, en Argentina. Esta provincia forma parte de la región del Gran Chaco, un espacio de gran importancia para los pueblos indígenas y su resistencia de siglos ante el avance estatal sobre sus tierras³.

El Chaco fue uno de los últimos espacios en ser conquistados por la fuerza y la violencia a fines del siglo XIX del estado argentino, después de siglos de relativa autonomía indígena y sucesivos actos de insurgencia indígena. Diversos grupos ocupaban estas llanuras, y para muchos, sus modos de existencia se basaban en prácticas nómadas y seminómadas: moviéndose a lo largo de los terrenos y utilizando los recursos de manera estacional. Para ellos y sus descendientes, el asentamiento forzado en reducciones religiosas y otras instituciones del Estado representa un acto continuo de despojo que no solo los separó de sus tierras tradicionales, sino que también les ha impedido reproducir, modificar y actualizar experiencias significativas para su identidad étnica hasta el día de hoy. Cuando hablamos de despojo, es común pensar en los derechos de propiedad territorial, y si bien la tierra es sin duda un bien necesario para prosperar como comunidad, hay otros bienes materiales y simbólicos que debemos considerar si queremos captar el alcance total de los procesos de despojo infligidos a los Pueblos Indígenas. Cuando un grupo se ve obligado a abandonar y descuidar sus formas tradicionales de vivir, creer, hablar, educar y reproducirse como grupo étnico, se le niega la posibilidad de elegir sus propios términos culturales. En pocas palabras, no podían elegir llevar adelante sus proyectos de vidas como lo hicieron sus antepasados, o actualizar, cambiar y resignificar cualquier aspecto en sus propios términos, ya que fueron forzados a cambios estructurales sin ser consultados. Entre muchas otras cosas, esto significa que estos pueblos no podían elegir libremente replicar las formas en que sus antepasados se habían movido por esa tierra, creando y recreando lazos sociales, económicos y espirituales con sus entornos, con seres no humanos y con otros grupos.

A pesar de los procesos de asimilación al Estado-nación que intentaron diluir la identidad indígena en una ciudadanía argentina que se pretendía blanca, la existencia y resistencia de los Pueblos Indígenas en la región del Chaco es y siempre ha sido innegable. La organización política de estas comunidades junto a investigadores que trabajaron con (y a contrapelo de) los archivos que datan del siglo XVI han logrado un hito: elevar su reclamo a una autoridad superior a la corte más alta de Argentina, argumentando que los Pueblos Indígenas preexisten a la formación del Estado argentino y, por lo tanto, este estado no es competente para juzgarlos. Considerando que algunos países latinoamericanos aún no reconocen la preexistencia de los Pueblos Indígenas a su Estado (tal es el caso de Uruguay hasta la fecha), este reconocimiento es uno de los muchos logros colectivos en estas luchas legales y políticas.

“Nuestra Tierra” no es “Mi Tierra”: estrategias comunales para el reclamo.

El reclamo inicial de las comunidades era que la provincia de Salta delimitara y entregara un único e indivisible título de propiedad comunitaria a todas ellas, por las 600 mil hectáreas habitadas ancestralmente. Esta es una de las características que hace que esta historia sea única: las comunidades estaban luchando por la posesión comunitaria de sus territorios, negándose a realizar el reclamo en términos individuales, que era lo que las autoridades provinciales hubiesen preferido. Dado que los esfuerzos políticos para lograr un acuerdo fueron insuficientes, Lhaka Honhat buscó superar la inacción del gobierno nacional: en 1998 recurrió a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Mientras lo hacían, iniciaron un diálogo con una asociación criolla local, que congregaba a personas que, aunque no necesariamente tenían ascendencia indígena, se reconocían como mestizos y reclamaban derechos sobre los antiguos lotes 55 y 14 del Departamento de Rivadavia, parte de la tierra en disputa. Como fue dicho por la lideresa de Lhaka Honhat, el proceso de reunirse y abordar problemas comunes con la organización criolla se prolongó en el tiempo, ya que antes de llegar a cualquier acuerdo, estos grupos de personas debían conocerse y eliminar o aplacar los prejuicios mutuos. Frecuentemente, estos prejuicios cargaban el peso de un discurso nacional basado en la incorporación de los Pueblos Indígenas a una ciudadanía blanca que eliminara de su identidad indígena y sus derechos territoriales. El resultado de muchos debates y entendimientos fue un acuerdo histórico para la distribución del territorio, que en 2007 instó al gobierno provincial a reconocer a sus propietarios: indígenas y criollos.

Un camino sinuoso hacia la recuperación

De 2007 a 2014, según los miembros de la comunidad y los investigadores con quienes documentaron el proceso, hubo una falta de voluntad gubernamental en torno a la concreción de acciones necesarias para emitir un título territorial. Las instancias de medición técnica, documentación y avance legal fueron en general retrasadas o suspendidas debido a la inestabilidad política en la provincia. El cambio de partido político del gobierno local cada cuatro años interrumpió la continuidad de los esfuerzos, o más bien, facilitó el abandono de la causa, ya que las comunidades creen que siempre hubo una resistencia de la provincia para otorgar un título de tierra a los grupos indígenas y criollos. Después de muchos años de navegar las prácticas de las autoridades locales y los programas que afirmaban que la falta de recursos les impedía entregar los resultados a los que se habían comprometido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió intervenir una vez más. En 2012, la Comisión emitió un informe en el que documentaba la existencia de violaciones de los derechos comunales, informe que fue ignorado por el Estado. Las comunidades mantuvieron su organización, presencia territorial y política, y debido a su persistencia, en 2018 el caso se elevó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la instancia más alta de autoridad supranacional que puede ser convocada para arbitrar este tipo de reclamos. Existen muchos requisitos necesarios para que un caso llegue a la instancia de la Corte Interamericana, ya que este paso solo se toma después de décadas de eternas batallas con las autoridades locales y nacionales y, aun así, la mayoría de los casos nunca llegan a la competencia de la Corte. Entre otros, el tema de la competencia originaria afecta particularmente los casos de Pueblos Indígenas, cuya existencia precede a los Estados-Nación y, por lo tanto, si su reclamo puede rastrearse a esta competencia originaria, como es el caso de algunos conflictos territoriales, sus disputas deben ser resueltas por una autoridad superior. Después de dos años de deliberación, en 2020 la Corte reconoció que, dada la falta de concreción del proceso de adjudicación territorial, la provincia de Salta había violado los derechos de estas comunidades a su identidad cultural, a un ambiente saludable, así como sus derechos a la alimentación y al agua. Debido a las capas de jurisprudencia que vinculan a diferentes organizaciones, el fallo de la Corte es vinculante, lo que significa que la provincia de Salta y el Estado argentino están obligados a acatarlo.

Podríamos pensar que la obtención de un fallo por una entidad supranacional es el final feliz de la historia, pero en realidad este gran avance fue solo un nuevo comienzo, uno que aún implicaría mucho trabajo (y paciencia) por parte de la comunidad para lograr su pleno potencial. Por ejemplo, la provincia de Salta fue intimada a resolver el problema del acceso al agua en un período de seis meses, cosa que no hizo incluso con un fallo vinculante. Nuevamente, debemos debe tener en cuenta que mientras todos estos escenarios legales y políticos tienen un ritmo lento, las vidas cotidianas de muchos individuos y familias indígenas estaban en riesgo debido a su imposibilidad de acceder a derechos humanos básicos. Bajo estas circunstancias urgentes, las comunidades se mantuvieron organizadas y nunca dejaron de defender sus derechos territoriales y la ejecución del fallo de la Corte. Vale la pena señalar que los fallos legales por sí solos pueden ser letra muerta si no van acompañados de la organización y la acción cotidiana de las comunidades locales. Esto es válido incluso para el caso de la Comisión y la Corte Interamericana, instancias de muy difícil acceso cuyos fallos deberían tener un peso singular. La Corte por sí sola realmente no puede hacer mucho por implementar sus veredictos en soledad. En el año 2021, el gobierno nacional y la provincia de Salta crearon una unidad especial para ejecutar los puntos que fueron delineados por la Corte. Principalmente, el proceso de delimitación y demarcación de las más de 600 mil hectáreas y la subdivisión para ambas comunidades, indígenas y criollas. Además, la Unidad Ejecutora ha sido llamada a atender otros problemas urgentes como el acceso al agua, la alimentación y la calidad de vida en general.

El fallo y sus consecuencias

La situación del agua excede la realidad local de Santa Victoria Este, en el departamento de Rivadavia, donde se encuentran las tierras en disputa. Junto con Orán y San Martín, estos departamentos han estado en estado de emergencia socio-sanitaria desde 2020, luego de alcanzar cifras récord de muertes de niños Wichí debido a la desnutrición. El acceso al agua, la alimentación y la salud son elementos clave que deben abordarse para cambiar este estado de emergencia, y están intrínsecamente relacionados con la relación que los Pueblos Indígenas tienen con sus territorios. Al mismo tiempo, las comunidades alzan sus voces para señalar que a menudo, los esfuerzos provinciales y nacionales para mitigar estas situaciones fracasan debido a la falta de consulta y participación de las comunidades locales. Particularmente en el caso de los Pueblos que han sido históricamente excluidos de las instituciones del Estado y que continúan enfrentando discriminación en escuelas, hospitales y municipios, las ideas y proyectos de las autoridades locales no indígenas carecen de una perspectiva intercultural que considere sus puntos de vista y respete su opinión sobre temas que les interesan directamente. En la práctica, esto se visibiliza en la instalación de un pozo, un recurso necesario y buscado, en un lugar que no es conveniente para las comunidades locales, porque no fueron consultadas en procesos que se supone que deben centrarse en su bienestar. Cuando las autoridades no reconocen la larga historia de violencia y exclusión, exponen a los miembros de la comunidad a ser discriminados nuevamente por sus vecinos no indígenas. Por ejemplo, las autoridades locales pueden emplear a un maestro indígena bilingüe para una escuela local, pero no logran prevenir, contener y actuar sobre los actos diarios de discriminación de los que estos maestros suelen ser objeto, como ser obligados a realizar la limpieza de las escuelas en lugar de enseñar a los niños. En el sistema de salud (ver Coproducción de controles prenatales en mujeres Indígenas embarazadas del Gran Chaco ), las autoridades locales y nacionales todavía no consideran y respetan ningún tipo de conocimiento indígena relacionado con su bienestar y salud, y discriminan activamente a las personas que practican cualquier otro tipo de medicina alternativa que no sea la occidental. Incluso si los hospitales cuentan con financiamiento, su negación a participar o facilitar el diálogo sobre conceptos e instrumentos tradicionales de salud y curación deriva en que los indígenas se sientan expulsados de los centros de salud. Por último, aunque esta no es una lista exhaustiva, todavía hay muchas personas indígenas que no tienen acceso a sus documentos nacionales de identidad argentinos, lo que les impide acceder a cualquier otro servicio del Estado como ciudadanos de pleno derecho. Mientras los pueblos indígenas se organizan y reclaman autonomía en la posesión de sus tierras tradicionales basándose en su identidad étnica, la larga historia de exclusión no debe perpetuarse en la exclusión actual de los servicios que el Estado debe proporcionarles como ciudadanos. Las políticas de reconocimiento que crean un espacio para demandas colectivas indígenas no deben suponer la exclusión de otros derechos humanos individuales y básicos.

En 2023, en una reunión que convocó a la Unidad Especial Nacional (bajo la dirección de la Secretaría de Derechos Humanos), la provincia de Salta y la Asociación Lhaka Honhat, se firmó un acuerdo para definir la modalidad de entrega de su título comunitario indígena. Este acuerdo establece que, una vez finalizados los procesos de medición y demarcación, el título será otorgado a nombre de todas las comunidades indígenas que residan en los antiguos lotes fiscales 55 y 14 del Departamento de Rivadavia, y a las demás comunidades que desciendan de ellas en el futuro. Con este título, las actividades de planificación y ejecución de la sentencia de la Corte, iniciadas en 2021, se darán por finalizadas.

Para concluir, y luego de revisar los puntos principales de un proceso que hasta 2024 sigue en curso, vale la pena destacar que el territorio no solo se refiere a una porción de tierra o terreno, incluso cuando la titulación de tierras es parte del objetivo de resistencia de los Pueblos Indígenas. Para estos Pueblos, el territorio también implica los derechos y recursos a los que una comunidad debe tener acceso para prosperar en sus propios términos culturales. Por esta razón, los temas de consulta o consentimiento y participación previa, libre e informada (ver SOBRE LA LISTA DE PUEBLOS ) están en el centro de la legislación internacional y suelen ser una de las áreas en las que las autoridades locales y nacionales no respetan a las comunidades indígenas. Con el aumento del extractivismo en el siglo XXI, también enfrentamos el aumento de la discriminación contra los Pueblos Indígenas, sus prácticas y modos de existencia tradicionales, por lo que estos temas son tan antiguos como siempre, y más urgentes que nunca. El largo camino que llevó a Lhaka Honhat a organizarse y sostener un reclamo durante más de 20 años no ha terminado. Es, sin embargo, un magnífico ejemplo de organización y resistencia indígena para lograr la recuperación territorial, uno que ha sentado las bases para otros casos de reclamos territoriales presentados al Estado argentino en las décadas de 1990 y 2000.

Para obtener más información sobre este caso, sírvase visitar el sitio web oficial.

Referencias

IWGIA Report (2006). CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO DE LA ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) V. ARGENTINA. VEREDICTO DEL 6 DE FEBRERO, 2020 (Méritos, reparaciones y costos). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_ing.pdf

Povos indígenas de Gran Chaco

De acordo com os especialistas² que contaram pela primeira vez a história dessa luta para um público mais amplo, as reuniões para discutir a questão da reintegração de posse de terras entre os Povos Indígenas da região começaram em meados dos anos 60, mas foi recentemente, depois do regresso da democracia à Argentina, que, em 1984, vários grupos se uniram para formar o que em 1991 seria reconhecido pelo Estado sob a figura da organização civil. Nesse momento, se tratava de diversos grupos indígenas, descendentes de grupos nômades e seminômades caçadores-coletores. Atualmente, esses grupos vivem em assentamentos permanentes, mas mantiveram numerosas práticas de sua tradição caçadora-coletora e pesqueira, entre muitos outros laços materiais, simbólicos e espirituais com seus ancestrais e com os membros de suas comunidades, com quem vivem em uma grande parte do que hoje é a província de Salta, na Argentina. Esta província faz parte da região do Gran Chaco, um espaço de grande importância para os povos indígenas e a resistência de séculos ante o avanço estatal sobre suas terras³.

O Chaco foi um dos últimos espaços a ser conquistado pela força e pela violência no final do século XIX do Estado argentino, depois de séculos de relativa autonomia indígena e sucessivos atos de insurgência indígena. Diversos grupos ocupavam estas planícies, e para muitos, seus modos de existência se baseiam em práticas nômades e seminômades: se locomovendo no decorrer dos territórios e utilizando os recursos de maneira estacional. Para eles e seus descendentes, o assentamento forçado em “reduções” religiosas e outras instituições do Estado representa um ato contínuo de desapropriação que não só os isolou de suas terras tradicionais, mas que também lhes impediu de reproduzir, modificar e atualizar experiências significativas para sua identidade étnica até o dia de hoje. Quando falamos em desapropriação, é comum pensar nos direitos de propriedade territorial e, mesmo que a terra é sem dúvida um bem necessário para prosperar como comunidades, existem outros bens materiais e simbólicos que devemos considerar se queremos entender o alcance total dos processos de desapropriação infligidos aos Povos Indígenas. Quando um grupo se vê obrigado a abandonar e descuidar suas formas tradicionais de viver, crer, falar, educar e se reproduzir como grupo étnico, lhes é negada a possibilidade de escolher seus próprios termos culturais. Em poucas palavras, não podiam escolher seguir adiante com seus projetos de vida como fizeram seus antepassados, ou atualizar, mudar e ressignificar qualquer aspecto em seus próprios termos, uma vez que foram forçados a mudanças estruturais sem serem consultados. Entre muitas outras coisas, isso significa que esses povos não podiam escolher livremente replicar as formas com que seus antepassados tinham caminhado por essas terras, criando e recriando laços sociais, econômicos e espirituais com seus entornos, com seres não humanos e com outros grupos.

Apesar dos processos de assimilação ao Estado-nação que tentaram diluir a identidade indígena em uma cidadania argentina que se pretendia branca, a existência e resistência dos Povos Indígenas na região do Chaco é e sempre foi inegável. A organização política dessas comunidades junto à pesquisadores que trabalharam com (e contrários a) os arquivos que datam do século XVI conseguiram alcançar um feito: elevar as queixas a uma autoridade superior à corte mais alta da Argentina, argumentado que os Povos Indígenas preexistem à formação do Estado argentino e, portanto, esse estado não é competente para julgá-los. Considerando que alguns países latino-americanos ainda não reconhecem a pré-existência de Povos Indígenas em seu Estado (como é o caso do Uruguai até a data presente), esse reconhecimento é uma das muitas conquistas coletivas nas lutas legais e políticas.

“Nossa Terra” não é “Minha Terra”: estratégia comunitária para a reivindicação.

A reivindicação inicial das comunidades era que a província de Salta delimitasse e entregasse um único e indizível título de propriedade comunitária a todos eles, pelos 600 mil hectares habitados ancestralmente. Esta é uma das características que faz com que esta história seja única: as comunidades estavam lutando pela posse comunitária de seus territórios, se recusando a realizar a reivindicação em termos individuais, que era o que as autoridades estatais teriam preferido. Dado que os esforços políticos para conseguir um acordo foram insuficientes, Lhaka Honhat buscou superar a inação do governo nacional: em 1998 recorreu à Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Enquanto faziam isso, iniciaram um diálogo com uma associação criolla local, que agrupava pessoas que, ainda que não tivessem necessariamente ascendência indígena, se reconheciam como mestiços e exigiam direitos sobre os antigos lotes de 55 e 14 do Departamento de Rivadiva, parte da terra em disputa. Como foi dito pela liderança de Lhaka Honhat, o processo de se reunir e abordar problemas comuns com a organização criolla se prolongou no tempo, já que, antes de chegar a qualquer acordo, esses grupos de pessoas deveriam se conhecer e eliminar ou apaziguar os preconceitos mútuos. Frequentemente, esses preconceitos carregaram o peso de um discurso nacional baseado na incorporação dos Povos Indígenas a uma cidadania branca que apagasse sua identidade indígena e seus direitos territoriais. O resultado de muitos debates e entendimentos foi um acordo histórico para a distribuição do território, que em 2007 incentivou o governo da província a reconhecer seus proprietários: indígenas ou criollos.

Um sinuoso caminho para a recuperação

De 2007 a 2014, segundo os membros da comunidade e os pesquisadores que documentaram o processo, houve uma falta de vontade governamental no que tange a concretização de ações necessárias para emitir um título territorial. As instâncias de mediação técnica, documentação e avanço legal foram, em geral, atrasadas ou canceladas devido à instabilidades políticas na província. A mudança de partido político do governo local a cada quatro anos interrompeu a continuidade dos esforços, ou melhor, facilitou o abandono da causa, já que as comunidades acreditam que sempre houve uma resistência da província para outorgar um título de terra aos grupos indígenas e criollos. Depois de muitos anos de navegação pelas práticas das autoridades locais e os programas que afirmavam que a falta de recursos os impedia de entregar os resultados aos que estavam comprometidos, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos decidiu intervir mais uma vez. Em 2012, a Comissão emitiu um relatório no qual documentava a existência de violações dos direitos comunitários, relatório que foi ignorado pelo Estado. As comunidades mantiveram sua organização, presença territorial e política, e devido a sua persistência, em 2018 o caso foi parar na Corte Interamericana de Direitos Humanos, a instância mais alta de autoridade supranacional que pode ser convocada para arbitrar neste tipo de reivindicação. Existem muitos requisitos necessários para que um caso chegue à instância da Corte Interamericana, já que esse passo só é tomado depois de décadas de eternas batalhas com as autoridades locais e nacionais e, ainda assim, a maioria dos casos nunca chegam à instância da Corte. Entre outros, o tema da competência originária afeta particularmente os casos do Povos Indígenas, cuja existência precede aos Estados-Nação e, portanto, se sua reivindicação pode ser rastreada para essa competência originária, como é o caso de alguns conflitos territoriais, suas disputas devem ser resolvidas por uma autoridade superior. Depois de dois anos de deliberação, em 2020 a Corte reconheceu que, dada a falta de concretização do processo de adjudicação territorial, a província de Salta tinha violado os direitos dessas comunidades a sua identidade cultural, a um ambiente saudável, assim como seus direitos à alimentação e à água. Devido às etapas de jurisprudência que vinculam diferentes organizações, a decisão da Corte é vinculante, o que significa que a província de Salta e o Estado argentino são obrigados a acatá-la.

Poderíamos pensar que a obtenção de uma sentença por uma entidade supranacional é o final feliz da história, mas na realidade esse grande avanço foi apenas um novo começo, um que ainda exigiria muito trabalho (e paciência) por parte da comunidade para alcançar seu pleno potencial. Por exemplo, a província de Salta foi intimada a resolver o problema do acesso à água em um período de seis meses, coisa que não fez mesmo diante de uma sentença obrigatória. Novamente, devemos considerar que enquanto todos esses cenários legais e políticos têm um ritmo lento, as vidas cotidianas de muitos indivíduos e famílias indígenas estavam em risco devido à sua impossibilidade de acessar os direitos humanos básicos. Sob essas circunstâncias urgentes, as comunidades se mantiveram organizadas e nunca deixaram de defender seus direitos territoriais e a execução da sentença da Corte. Vale a pena ressaltar que as decisões legais por si só podem ser letra morta se não forem acompanhadas da organização e a ação cotidiana das comunidades locais. Isso é válido inclusive para o caso da Comissão e da Corte Interamericana, instância de muito difícil acesso e cujas decisões deveriam ter um peso singular. A Corte por si só realmente não pode fazer muito para implementar suas sentenças sozinha. No ano de 2021, o governo nacional e a província de Salta criaram uma unidade especial para executar os pontos que foram definidos pela Corte. Principalmente, o processo de delimitação e demarcação dos mais de 600 mil hectares e a subdivisão para ambas as comunidades, indígenas e criollas. Além disso, a Unidade Executora foi chamada para resolver outros problemas urgentes como o acesso à água, à alimentação e à qualidade de vida em geral.

A sentença e suas consequências

A situação da água excede a realidade local de Santa Victoria Este, no departamento de Rivadavia, onde se encontram as terras em disputa. Junto com Orán e San Martín, estes departamentos estavam em estado de emergência sociossanitária desde 2020, depois de alcançar cifras recorde de mortes de crianças Wichí devido à desnutrição. O acesso à água, à alimentação e à saúde são elementos-chave que devem ser abordados para mudar este estado de emergência, e estão intrinsecamente relacionados com a relação que os Povos Indígenas têm com seus territórios. Ao mesmo tempo, as comunidades lançam suas vozes para ressaltar que, frequentemente, os esforços provinciais e nacionais para mitigar estas situações fracassam devido à falta de consulta e participação das comunidades locais. Particularmente no caso dos Povos que foram historicamente excluídos das instituições do Estado e que continuam enfrentando discriminação nas escolas, hospitais e municípios, as ideias e projetos das autoridades locais não indígenas carecem de uma perspectiva intercultural que considere seus pontos de vista e respeite sua opinião sobre temas que lhes interessam diretamente. Na prática, isso é viabilizado com a instalação de um poço, um recurso necessário e buscado, em um lugar que não é conveniente para as comunidades locais, porque não foram consultadas nos processos que supostamente devem ter como foco seu bem-estar. Quando as autoridades não reconhecem a longa história de violência e exclusão, expõem aos membros da comunidade a novas discriminações por parte de seus vizinhos não indígenas. Por exemplo, as autoridades locais podem empregar um professor indígena bilingue para uma escola local, mas não conseguem prevenir, conter e atuar sobre os atos diários de discriminação de que estes professores costumam ser objeto, como ser obrigados a realizar a limpeza das escolas em lugar de ensinar as crianças. No sistema de saúde (ver Coprodução dos Cuidados Pré-natais para Mulheres Indígenas no Gran Chaco ), as autoridades locais e nacionais ainda não consideram e respeitam nenhum tipo de conhecimento indígena relacionado com seu bem-estar e saúde, e discriminam ativamente as pessoas que praticam qualquer outro tipo de medicina alternativa que não seja a ocidental. Mesmo quando os hospitais contam com financiamento, sua negação em participar ou facilitar o diálogo sobre conceitos e instrumentos tradicionais de saúde e cura faz com que os indígenas se sintam expulsos dos centros de saúde. Finalmente, embora esta não seja uma lista exaustiva, ainda há muitas pessoas indígenas que não têm acesso a seus documentos nacionais de identidade argentinos, o que os impede de acessar qualquer outro serviço do Estado como cidadãos plenos. Enquanto os povos indígenas se organizam e reivindicam autonomia na posse de suas terras tradicionais baseando-se em sua identidade étnica, a longa história de exclusão não pode continuar se perpetuando na atual exclusão dos serviços que o Estado deve fornecer-lhes como cidadãos. As políticas de reconhecimento que criam um espaço para demandas coletivas indígenas não devem supor a exclusão de outros direitos humanos individuais e básicos.

Em 2023, em uma reunião que convocou a Unidade Especial Nacional (sob a direção da Secretaria de Direitos Humanos), a província de Salta e a Associação Lhaka Honhat, foi firmado um acordo para definir a modalidade de entrega de seu título comunitário indígena. Esse acordo estabelece que, uma vez finalizados os processos de medição e demarcação, o título será outorgado em nome de todas as comunidades indígenas que residem nos antigos lotes fiscais 55 e 14 do Departamento de Rivadavia, e às demais comunidades que descendam delas no futuro. Com esse título, as atividades de planejamento e execução da sentença da Corte iniciadas em 2021 serão dadas por finalizadas.

Para concluir, e após revisar os pontos principais de um processo que até 2024 segue em curso, vale a pena ressaltar que o território não se refere apenas a uma porção de terra ou terreno, mesmo quando a titulação de terras é parte do objetivo de resistência dos Povos Indígenas. Para estes Povos, o território também implica os direitos e recursos aos quais uma comunidade deve ter acesso para prosperar em seus próprios termos culturais. Por essa razão, os temas de consulta ou consentimento e participação prévia, livre e informada (ver SOBRE POVOS ) estão no centro da legislação internacional e costumam ser uma das áreas nas quais as autoridades locais e nacionais não respeitam as comunidades indígenas. Com o aumento do extrativismo no século XXI, também enfrentamos o aumento da discriminação contra os Povos Indígenas, suas práticas e modos de existência tradicionais, razão pela qual estes temas são tão antigos e mais urgentes que nunca. O longo caminho que levou Lhaka Honhat a se organizar e sustentar uma reivindicação durante mais de 20 anos não acabou. E, no entanto, é um magnífico exemplo de organização e resistência indígena para alcançar a recuperação territorial, um caso que estabeleceu bases para outras reivindicações territoriais apresentadas ao Estado argentino nas décadas de 1990 e 2000.

Para obter mais informações sobre este caso, visite o site oficial.

Referências

IWGIA Report (2006). CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS CASO DE LA ASOCIACIÓN DE COMUNIDADES INDÍGENAS LHAKA HONHAT (NUESTRA TIERRA) V. ARGENTINA. VEREDICTO DEL 6 DE FEBRERO, 2020 (Méritos, reparaciones y costos). https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_400_ing.pdf