A finales del siglo XIX, la industrialización y la migración masiva habían planteado “cuestiones sociales” sobre el empeoramiento de la pobreza, la mala salud y el aumento de las tasas de mortalidad entre los pueblos pobres y marginados de Chile.¹ Estas cuestiones impulsaron el crecimiento de la medicina y la salud pública, remodelando el papel del Estado en la promoción de la salud y el bienestar.² Surgieron nuevas leyes e instituciones de salud pública, que culminaron en la Constitución de 1925, que declaraba “el deber del Estado de vigilar la salud pública y el bienestar higiénico del país”.

Paralelamente, los militares chilenos ocuparon el Wallmapu, territorio ancestral mapuche. Los terrenos mapuches fueron divididos y cercados en parcelas de propiedad legal, alterando las relaciones de los mapuches con su territorio.³ Este proceso de cercamiento de la tierra no sólo subdividió física o espacialmente el territorio de los Mapuches, sino que también redefinió jurídicamente las conexiones de los pueblos con la tierra.⁴ Esto facilitó el despojo de tierras, los asentamientos forzosos y la migración urbana. En 1929, el cercamiento y el asentamiento de tierras en la región de La Araucanía, en el sur de Chile, habían concluido.

Estos cambios devastaron el tejido sanitario y social de Wallmapu. Las comunidades mapuches sufrieron epidemias de cólera (1867), tifus (1892) y viruela (1904–1906, 1922).⁵ La hambruna afectó a una gran parte de la población. Aquellos que permanecieron en las reducciones se vieron obligados a adaptar sus modos de vida y sus costumbres funerarias ante la expansión de instituciones gubernamentales y religiosas. En 1930, estas nuevas instituciones públicas convergieron con los esfuerzos mapuches por remodelar la vida en las reducciones cuando el Ministerio de Bienestar Social promulgó el Decreto 1754, más conocido como el Reglamento de Cementerios Indígenas.

Este ensayo examina cómo el Estado chileno utilizó la creciente ciencia y política de la salud pública para controlar a los pueblos mapuches, despojándoles aún más de sus tierras y modos de vida. Me centro en una de las primeras políticas sanitarias dirigidas específicamente a los Pueblos Indígenas en Chile: el Decreto de Reglamento de Cementerios Indígenas de 1930. Esta normativa fue legislada y supervisada por la Dirección General de Sanidad, el organismo nacional responsable de la salud y la seguridad públicas. Otorgó a la Dirección General de Salud la supervisión legal sobre los entierros de los pueblos indígenas, la certificación de nuevos cementerios en tierras indígenas y la conservación de los eltunes o cementerios mapuches existentes.

Exploro cómo el Reglamento de Cementerios Indígenas (en adelante, el “Reglamento”) condujo a negociaciones entre comunidades mapuches, funcionarios de salud pública de la región de La Araucanía y la ciudad de Santiago, y la policía sobre la certificación y preservación de cementerios dentro de las reducciones. Los académicos han señalado que los primeros expertos en salud pública adoptaron estrategias coloniales para abordar los problemas sanitarios.⁶ Me baso en su trabajo para demostrar cómo las políticas e instituciones de salud pública extendieron las estrategias coloniales de gestión de la tierra para promover la salud de las poblaciones humanas. En concreto, me centro en cómo se utilizaron las prácticas de cercamiento de tierras para crear cementerios como sitios físicamente delimitados bajo supervisión legal y de salud pública dentro de las reducciones mapuches.

Es probable que estas medidas tuvieran beneficios tangibles para la salud pública.⁷ Sin embargo, los funcionarios estatales y las autoridades sanitarias consiguieron estos beneficios readaptando las estrategias coloniales de cercamiento de tierras y priorizando las nociones emergentes de higiene por encima de los ritos funerarios mapuches que sustentan el bienestar de familias y comunidades. Al transformar los cementerios en lugares de supervisión legal y de salud pública, los funcionarios reformularon las vidas de los Mapuches y su conexión con el más allá en el contexto de la salud y el bienestar.

A través de una investigación de archivo, presento dos casos en los que la ubicación física del cementerio en sí se convirtió en un punto de disputa, que condujo a la eventual aprobación o denegación del cementerio de una comunidad mapuche por parte de la Dirección General de Salud.

“Antirreglamentario y peligroso”

Los avances científicos de principios del siglo XX en materia de calidad del agua, control de infecciones y epidemiología influyeron en las preocupaciones de salud pública relativas a las prácticas funerarias y las características de los cementerios.⁸ Para abordar estas preocupaciones, el Reglamento de Cementerios Indígenas estableció especificaciones para los cementerios, dictando la topografía, la superficie del terreno, las condiciones del suelo, el uso de la tierra y los métodos de vallado y cerramiento para frenar la propagación de enfermedades infecciosas a las fuentes de agua cercanas.⁹

En La Araucanía, se utilizaron técnicas similares de agrimensura y ordenamiento territorial para delimitar y definir legalmente el territorio mapuche.¹⁰ El artículo 2, por ejemplo, obligaba a las comunidades mapuches a designar y delimitar al menos 500 metros cuadrados de sus ya limitadas tierras de reducción para cementerios. Los cementerios debían tener “un cierre perfecto de palo a pique, de muralla sólida o de madera continua, resistente, de 2 metros de altura y con una barda de protección”. El artículo 3 especificaba que los cementerios no podían estar situados a menos de 25 metros de una vivienda, a menos de 50 metros de una fuente de agua, ser utilizados para el cultivo de árboles frutales o cosechas, ni ser utilizados para fines distintos del enterramiento. Las autoridades sanitarias encargaron a la policía local que verificara el cumplimiento redactando informes y cartografiando los emplazamientos de los cementerios (véase la fig. 1).

Estos requisitos superpuestos resultaron problemáticos para la reducción de Folilco, donde el emplazamiento de un posible cementerio se construyó demasiado cerca de una vivienda y un arroyo.¹¹ La valla del cementerio también se levantó a través de un campo que se utilizaba para cultivos alimentarios. En un informe policial encargado para verificar las características del emplazamiento, el futuro cementerio fue calificado de “antirreglamentario y peligroso por no reunir las condiciones higiénicas”, equiparando así el cumplimiento legal con la salud y la seguridad públicas. En consecuencia, el Director General denegó a Folilco la certificación de su cementerio.

“Es justicia”

En ocasiones, las realidades de la vida en las reducciones hicieron imposible que algunas comunidades mapuches cumplieran las normas legales del Reglamento. En su carta de 1948 a la Dirección General de Sanidad, Rosario Huina Chureo, de la reducción Plom Maquehue, escribió: “con mis comunero[s] hemos cercado con palos de pique con una altura de un metro y más un metro en hebra de alambre de púa.”¹²

Los informes de las autoridades de salud pública y de la policía señalaban que la valla de Plom Maquehue no cumplía el requisito del Reglamento de un “cierre perfecto” sólido y de dos metros de altura. La autoridad regional de Salud Pública explicó en su informe a la Dirección General en Santiago que había “una falta absoluta de madera, que ya se ha presentado en casi todas las reducciones indígenas, de tal manera que si se les exige cumplir con este requisito, no están en condiciones de comprar madera”.¹³

Esta “falta absoluta de madera” se produjo en una región en la que se estaban talando vastos bosques autóctonos para obtener madera y, décadas más tarde, las industrias forestales poseerían y cultivarían casi tres millones de acres de plantaciones de pinos y eucaliptos.¹⁴ A pesar de la falta de madera para un cerramiento completo, la autoridad regional de salud pública pidió a la Dirección General que aprobara el cementerio, señalando sus “condiciones aptas”, las “necesidades ampliamente justificadas de los habitantes” y que no había “ninguna objeción” por parte de su oficina.¹⁵

A pesar de la permisividad de las autoridades sanitarias regionales, los Mapuches comenzaron a criticar los requisitos del Reglamento por considerarlos discriminatorios e injustos dadas las condiciones materiales de vida en las reducciones. En el mismo informe, la autoridad regional de salud pública señaló que el político mapuche de centro-derecha, Venancio Coñuepán, “se reunió con el suscrito—la Jefatura Regional de Saneamiento—manifestando que este requisito es perjudicial para sus representados y que vería con agrado que se otorgara la autorización en estas condiciones, dado que de todas formas la valla está bien cerrada.”

Rosario Huina Chureo hizo una declaración similar, aunque menos abierta, en su solicitud de que la Dirección General aprobara el cementerio parcialmente cerrado. Concluyó su carta con dos palabras finales colocadas en su propia línea: “Es justicia”. (Véase la fig. 2).¹⁶

La carta de Huina Chureo y el informe del funcionario regional de salud pública se enviaron a la Dirección General, que finalmente aprobó el cementerio de Plom Maquehue.¹⁷

Agujeros en el cerramiento

El archivo de solicitudes para certificar cementerios bajo el Reglamento de Cementerios Indígenas revela la expansión del marco legal y de salud pública en el sur de Chile y el cumplimiento que exigía al Pueblo Mapuche. En su empeño por convertir a los Mapuches en sujetos “higiénicos” y “civilizados”, la Dirección General de Salud impuso requisitos estrictos que a menudo eran difíciles o imposibles de cumplir. Las autoridades sanitarias estatales emplearon estrategias coloniales para controlar las tierras indígenas, utilizando el Reglamento para imponer su versión de la salud y la seguridad públicas. Este proceso convirtió la tierra y los modos de vida de los Mapuches en motivos de preocupación sanitaria y de acción legal, lo que reconfiguró sus vidas y su conexión con el más allá.

Sin embargo, el consentimiento de los Mapuches a ser gobernados coexistió con sus esfuerzos por preservar la espiritualidad, las ceremonias, la vida y el más allá mapuches. Estas luchas continúan hoy en día. Los eltunes, o cementerios mapuches, son lugares ancestrales que las comunidades tratan de recuperar, reconocer y defender frente a las políticas, las ideologías religiosas y el desarrollo que amenazan con borrar estos lugares de importancia espiritual y cultural. En otras publicaciones, escribo sobre clínicas interculturales gestionadas por la comunidad mapuche que ofrecen tanto medicina mapuche como biomedicina occidental, creando nuevos modelos sanitarios que conectan la salud y el bienestar con el territorio. Las complejas negociaciones entre las instituciones estatales chilenas y las comunidades mapuches documentadas en el archivo siguen teniendo efectos resonantes en el presente.

Archivos

Fondo Dirección General de Sanidad, Archivo Nacional de la Administración, Santiago, Chile

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